Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones "ilegales" De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ siguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas denuncia que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están efectuando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación denuncia que aquellos grupos de personas que llegan a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse o de solicitar asilo, y pese a ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allá, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y conformidad de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, aparte de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios, en la que los conjuntos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, intentan supervisar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha logrado liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las crueldades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para enrolarlos por la fuerza o bien para transformar a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco.

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos pactos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o bien de forma indirecta, expulsar a absolutamente nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o sufrir daños inhumanos o bien degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el riesgo de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es conocido, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, insolente y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se utiliza es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en efectuar la expulsión. En esos diez días acaban en uno de los tres Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias mas rara vez cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al mismo tiempo, el CIE de Lanzarote está casi completo con lo que estos inmigrantes acaban en Tenerife. “La comunicación con el letrado es deficiente con lo cual la mengua de sus derechos es evidente”.

Apunta que “tampoco marcha el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un acuerdo de cooperación entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o alguna ONG presente una petición de asilo para de esta forma frenar dicha salida “pero en la práctica no suelen cuajar, pues pasa por una ventanilla del propio CIE y, habitualmente, esta solicitud no prospera”.

Sentencia del TEDH no es excusa

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, pues en este caso no existe posibilidad de acceder por una ruta legal fronteriza a una oficina de asilo, con lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas solicita que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la gestión de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se protesta de su falta de concreción “todavía aguardamos una política de inmigración seria. abogados extranjería barcelona Desgraciadamente vemos lo habitual. Es el caso de las vallas que se pondrán más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este experto en extranjería es esencial tender a una disminución esencial en el número de expedientes de expulsión que se gestionan, como a una “racionalización, pues se tenderá a usar las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta e indiscriminada de un campo social”.

Servicio de orientación jurídica

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente indispensable, dado que la estructura de los diferentes Institutos de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”.

“Nos consta por alguna organización sin ánimo de lucro que habitualmente se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y ésta ha sido ignorada de manera grosera por la policía, lo cual forma una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no podrá jamás expulsarse a absolutamente nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más antídoto deberemos acudir a los tribunales”.

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al abogado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se logrará nada”, concluye.