Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones "ilegales" De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ prosiguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas demanda que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están realizando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación demanda que aquellos grupos de personas que llegan a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse o bien de solicitar asilo, y a pesar de ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allí, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y conformidad de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los conjuntos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha conseguido liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las crueldades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para enrolarlos por la fuerza o bien para transformar a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la senda en cayuco.

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo ciento treinta y cuatro de nuestra Constitución, los distintos pactos internacionales de derechos humanos, el Acuerdo Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o indirectamente, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda padecer daño o bien sufrir daños inhumanos o degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se usa es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en realizar la expulsión. En esos diez días terminan en uno de los tres Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero rara vez cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al tiempo, el CIE de Lanzarote está prácticamente completo con lo que estos inmigrantes acaban en Tenerife. “La comunicación con el letrado es insuficiente con lo cual la merma de sus derechos es evidente”.

Apunta que “tampoco funciona el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un acuerdo de colaboración entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o alguna organización sin ánimo de lucro presente una petición de asilo para así frenar dicha salida “pero en la práctica no acostumbran a cuajar, porque pasa por una ventana del propio CIE y, en muchos casos, esta petición no prospera”.

Sentencia del TEDH no es excusa

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, pues en un caso así no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, con lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas solicita que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos y cada uno de los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se protesta de su falta de concreción “todavía aguardamos una política de inmigración seria. Por desgracia vemos lo de siempre. Es el caso de las vallas que se van a poner más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este experto en extranjería es importante tender a una disminución importante en el número de expedientes de expulsión que se gestionan, así como a una “racionalización, puesto que se tenderá a usar las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una prosecución abierta y también indiscriminada de todo un ámbito social”.

Servicio de orientación jurídica

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente indispensable, dado que la estructura de los diferentes Institutos de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”. abogado para inmigrantes

“Nos consta por alguna Organización no Gubernamental que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de solicitar asilo y ésta ha sido ignorada groseramente por la policía, lo cual forma una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no va a poder nunca expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más remedio deberemos acudir a los tribunales”.

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le solicita un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al letrado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se logrará nada”, concluye.