Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones "ilegales" De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ prosiguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas denuncia que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están efectuando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación demanda que aquellos grupos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse o de pedir asilo, y pese a ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allí, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y anuencia de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, aparte de uno de los países más pobres del planeta, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los grupos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, procuran supervisar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha logrado liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las crueldades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para alistarlos por la fuerza o bien para convertir a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco.

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo ciento treinta y cuatro de nuestra Constitución, los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o bien de forma indirecta, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o bien sufrir daños inhumanos o degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el riesgo de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, insolente y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se emplea es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en realizar la expulsión. En esos diez días terminan en uno de los 3 Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero pocas veces cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al tiempo, el CIE de Lanzarote está casi completo con lo cual estos inmigrantes acaban en Tenerife. “La comunicación con el abogado es deficiente con lo que la mengua de sus derechos es evidente”.

Apunta que “tampoco funciona el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un convenio de colaboración entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o bien alguna ONG presente una solicitud de asilo para de esta forma frenar dicha salida “pero en la práctica no suelen cuajar, por el hecho de que pasa por una ventanilla del propio CIE y, habitualmente, esta petición no prospera”.

Sentencia del TEDH no es excusa

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, puesto que en un caso así no existe posibilidad de acceder por una ruta legal fronteriza a una oficina de asilo, con lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas pide que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  fuerza el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se queja de su falta de concreción “todavía esperamos una política de inmigración seria. Por desgracia vemos lo habitual. Es el caso de las vallas que se van a poner más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este especialista en extranjería es esencial tender a una disminución esencial en el número de expedientes de expulsión que se gestionan, así como a una “racionalización, puesto que se tenderá a utilizar las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un auténtico perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una prosecución abierta e indiscriminada de todo un ámbito social”.

Servicio de orientación jurídica

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente imprescindible, dado que la estructura de los diferentes Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”.

“Nos consta por alguna ONG que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y ésta ha sido ignorada de manera grosera por la policía, lo que constituye una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no podrá jamás expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más remedio deberemos asistir a los tribunales”. abogado de inmigracion

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al abogado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se logrará nada”, concluye.