Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del ochenta por ciento De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política provocada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de treinta argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a la predisposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la comarca para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, preocupantes e incluso irregulares». Concretamente, el Colegio de Abogados estudia elevar una protesta frente al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez (del PSOE), por el hecho de que solo 65 de los quinientos nueve inmigrantes llegados a la ciudad en las dos últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional también quiere conocer los motivos por los cuales la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a disposición judicial, como sí se ha hecho en decenas y decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, pues el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento provisional, dentro del expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la ciudad el veinte de septiembre, el Ayuntamiento tuvo constancia mediante taxistas de que estas personas tomaron con rumbo a Barcelona y Zaragoza, con la meta de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos procurarían lograr posteriormente Bélgica y Alemania.

«No tenemos ni idea de si les han tramitado los expedientes o si los han liberado directamente»

Según señalaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, 2 opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero remota alternativa es que, al no haber lugar en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados estiman que se trata de procedimientos no convenientes, por diferentes motivos. tarifas abogados extranjeria Arguyen que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», es decir a que haya un control de su situación por parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desprotegidos, frente a posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un letrado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue sobre aviso para acudir a un detenido por otro asunto pero no a estos.

El Colegio advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a disposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Conforme fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción 3 de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción 5. Esa cantidad de 106 personas equivale al veinte por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, en frente de las costas de la Zona, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace unos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron frente al juez.

En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta ayer por el Colegio de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia 65 personas procedentes del Norte de África.

La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barcelona y Zaragoza

El miembro del Congreso de los Diputados segundo y responsable del turno de oficio del Instituto, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la institución reclamará de forma oficial explicaciones acerca de la actuación de la Policía y del aparato gubernativo del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni la más remota idea de cómo se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha tramitado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o bien si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Colegio consideran que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -asimismo hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial totalmente brutal, aun de cara a la competencia del juez penal, si es precisa su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal.

En estas últimas dos oleadas, la Policía logró que los jueces imputaran a un hombre sospecho de ser el piloto o bien 'paterista' de una de las embarcaciones, como a 6 por el asesinato por imprudencia de un pequeño de 11 años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, pues hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber depravado «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una eventual protesta ante el Consejo de Europa. Este especialista señaló asimismo que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con ello, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se efectúan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de responder el día de hoy a 'La Verdad' sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, Partido Popular, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. También denunció un «acoso institucional y político», a pesar de «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace un par de años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Asamblea Regional, entre otras muchas cosas porque medio centenar de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de lona y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Colegio de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, previa coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas y decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón situado al Centro Integrado de FP Hespérides. Allí tomaron declaración a 285 de los 534 inmigrantes llegados en más de 50 pateras. Los ciento cincuenta trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos terminaron entonces en la prisión de Archidona (Málaga), en la mitad de una fuerte controversia por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo exactamente porque el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.