Los Abogados Denuncian La Falta De Control Judicial Del ochenta por cien De Los Inmigrantes Argelinos

La polémica política suscitada en septiembre por la puesta en libertad en Cartagena de una treintena de argelinos llegados en pateras, sin ser trasladados antes a predisposición del juez de guardia, ha derivado en una movilización de los abogados de la región para exigir explicaciones al Gobierno central sobre una serie de práctica que consideran «insólitas, alarmantes e inclusive irregulares». Específicamente, el Colegio de Abogados estudia elevar una queja ante el encargado del Gobierno, Francisco Jiménez (del Partido Socialista Obrero Español), por el hecho de que solo sesenta y cinco de los quinientos nueve inmigrantes llegados a la ciudad en las 2 últimas de embarcaciones tuvieron asistencia de un letrado.

Este colectivo profesional también quiere conocer los motivos por los que la gran mayoría de estas personas no fueron puestas a predisposición judicial, como sí se ha hecho en decenas de ocasiones a lo largo de los años. No es una medida ilegal, puesto que el traslado al juzgado es una potestad del Ministerio del Interior, mas lo normal es que la Policía Nacional lleve a los extranjeros hasta el juzgado para solicitar autorización para el internamiento temporal, dentro del expediente de expulsión de España por intento de entrada ilegal en el territorio nacional.

Datos clave

En el caso de los extranjeros que quedaron libres en las calles de la urbe el veinte de septiembre, el Ayuntamiento tuvo constancia a través de taxistas de que estas personas tomaron rumbo a Barcelona y Zaragoza, con la meta de cruzar la frontera y llegar a Francia. Desde ahí, ciertos procurarían alcanzar posteriormente Bélgica y Alemania.

«No tenemos ni la más mínima idea de si les han gestionado los expedientes o bien si los han liberado directamente»

Según indicaron fuentes judiciales, salvo en el caso de menores y mujeres embarazadas o con menores a su cargo, 2 opciones se abren para los inmigrantes, si no son llevados ante el juez. Una es que salgan de la Comisaría y queden en la calle con un documento de devolución, con la obligación de estar localizables para asegurar el regreso a su país natal. La segunda pero recóndita opción alternativa es que, al no haber sitio en centros de internamiento de extranjeros (CIE) como el de Sangonera, haya una 'devolución en caliente'.

Críticas al «efecto llamada»

Tanto en un caso como en el otro, los abogados consideran que se trata de procedimientos no recomendables, por diferentes motivos. Arguyen que los inmigrantes tienen derecho a ser conducidos hasta el «juez natural», o sea a que haya un control de su situación por la parte de la Administración de Justicia en el partido judicial al que arriban; y añaden que quedan desprotegidos, en frente de posibles situaciones que requieran medidas de protección como el asilo o bien el no tener cumplidos los dieciocho años de edad. Esto último implica la realización de pruebas por la parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal. Un abogado del turno de oficio reconoció que, un día en el que había norteafricanos en la Comisaría, fue avisado para asistir a un detenido por otro tema pero no a estos.

El Instituto advierte de la posible transgresión de derechos de menores y de demandantes de asilo

Según los datos a los que ha accedido este diario, en fechas no precisadas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre pasaron a predisposición judicial ciento seis inmigrantes llegados en pateras. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 31 llegaron al Juzgado de Instrucción tres de Cartagena; sesenta y siete al de Instrucción 4; y ocho al de Instrucción 5. Esa cifra de 106 personas equivale al veinte por cien de los quinientos nueve inmigrantes localizados y rescatados en ese periodo, en frente de las costas de la Zona, conforme la información facilitada por la Delegación del Gobierno. Dicho de otra forma, el 80 por ciento de los argelinos (un dato adelantado hace algunos días por Onda Cero Murcia) no comparecieron frente al juez.

En teoría, todos los extranjeros a los que sí vieron los jueces deberían haber tenido el socorro de un letrado. No obstante, los datos recabados hasta el día de ayer por el Instituto de Abogados, la corporación que tiene como decano a Antonio Navarro, solo tuvieron esa asistencia sesenta y cinco personas procedentes del Norte de África.

La mayor parte de los puestos en libertad se trasladaron a Francia por Barcelona y Zaragoza

El diputado segundo y responsable del turno de oficio del Colegio, Miguel Pouget, explicó a este diario que esta entidad celebrará en los próximos días una asamblea para abordar lo ocurrido en las últimas semanas con la crisis de las pateras. Y avanzó, que, casi con toda probabilidad, la corporación reclamará de forma oficial explicaciones sobre la actuación de la Policía y del aparato gubernamental del Estado, en lo que afecta a la asistencia jurídica.

«No tenemos ni idea de de qué manera se han hecho las cosas, si a estas personas se les ha gestionado los expedientes pese a no haber asistencia letrada o si se les ha dejado en libertad directamente», comentó Pouget. Y añadió que en el Instituto consideran que «el traslado de inmigrantes que han llegado a Cartagena a la comisaría de Murcia -también hubo reparto de inmigrantes por Molina de Segura y Lorca- supone una falta de rigor competencial absolutamente brutal, aun de cara a la competencia del juez penal, si es necesaria su intervención» por la posible comisión de delitos, como el del favorecimiento de la inmigración ilegal. gestor de extranjeria

En estas últimas dos oleadas, la Policía logró que los jueces imputasen a un hombre sospecho de ser el conduzco o 'paterista' de una de las embarcaciones, así como a seis por el asesinato por imprudencia de un pequeño de once años ahogado en la travesía por el Mar Mediterráneo.

«Ha habido una desviación absoluta, sin justificación, por el hecho de que hay que dotar de medios a los jueces competentes», apuntó Pouget. Y recordó que se pude haber pervertido «el derecho constitucional a un juez natural», lo que puede producir una ocasional protesta frente al Consejo de Europa. Este especialista señaló asimismo que los perjudicados pueden caer en situación de «indefensión», si no conocen la lengua castellana y, con esto, tampoco el sentido y alcance de las resoluciones administrativas. En los juzgados, las comparecencias se realizan con presencia un traductor, para garantizar la seguridad jurídica.

A través de un portavoz, Jiménez anunció su compromiso de contestar hoy a 'La Verdad' sobre su gestión de esta crisis. Días atrás, tras las críticas de Ayuntamiento, PP, Cs, MC, Podemos-Iu-Equo y Vox por el «efecto llamada» debido al trato a los extranjeros y por el potencial peligro de conflictos de seguridad y sanitarios, defendió la legalidad de las medidas, en coordinación con los ministerios del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo denunció un «acoso institucional y político», pese a «un drama humanitario como la inmigración».

El dispositivo de hace un par de años

Los populares insistieron en que debe dar explicaciones en la Reunión Regional, entre otras cosas porque medio centenar de argelinos pasaron la noche del 6 al siete de octubre acostados en sillas, bajo una carpa de tela y plástico en el patio de la Comisaría cartagenera.

En el Instituto de Abogados recordaron que, en octubre de 2017, anterior coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Delegación, decenas de personas, entre jueces, funcionarios, traductores y letrados montaron 2 juzgados de guarda, uno de ellos en el pabellón ubicado al Centro Integrado de FP Hespérides. Allí tomaron declaración a doscientos ochenta y cinco de los 534 inmigrantes llegados en más de cincuenta pateras. Los 150 trasladados a Murcia, Lorca y Molina de Segura pasaron «de forma excepcional» por los juzgados de estas zonas, algo que ahora no ha sucedido.

Los argelinos acabaron entonces en la cárcel de Archidona (Málaga), en medio de una fuerte polémica por no estar habilitada como CIE. Quien era delegado gubernativo, Francisco Bernabé (del PP), había llegado al cargo exactamente pues el también popular Antonio Sánchez-Solís dejó en las calles de Cartagena a sesenta argelinos. Ahora, es el socialista Jiménez quien está en el ojo del huracán político.