Madre Y también Hija Se Hicieron Pasar Por Abogadas De Inmigración Y Por Su Culpa Deportaron A Sus Clientes

La sonrisa afable de no se difuminó en sus 6 oficinas en el sur de California ni tan siquiera cuando se enteró que uno de sus clientes fue deportado debido a su representación legal indebida. Tuvo exactamente la misma reacción con otro caso en el que una mujer regresó a Guatemala por la expulsión de su esposo, que asimismo fue su cliente.

La ‘notaria’ o consultora de inmigración Judith Gil, de sesenta y cinco años, no actuaba sola. Su hija, Minerva Gil, de 36, era su cómplice defraudando a múltiples inmigrantes a los que les cobraron miles de dólares americanos prometiéndoles permisos de trabajo, procesos de asilo y tarjetas de vivienda permanente. En tanto que ninguna estaba autorizada para ejercer la abogacía en el estado de California, estos nunca llegaron a sus manos.

Según las autoridades, ellas aun afirmaban que tenían contactos en el Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS) que les facilitaban la aprobación de esos trámites. Pero la mayoría de las veces no hacían más que someter los procesos a dicha entidad y después los abandonaban a su suerte.

“Hizo mucho daño a muchos clientes del servicio que fueron sus víctimas”, afirmó a Mike Chávez, investigador de la Barra de Abogados de California, que tomó este caso hace unos meses. “No va a salvar a mucha gente de que los deporten”, advirtió siendo cuestionado sobre las consecuencias que este negocio fraudulento podría acarrear a las víctimas.

Otros afectados debieron contratar a abogados lícitos buscando no finalizar en la lista negra del Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

Al momento no se tiene una cantidad precisa de víctimas de las Gil, ni de cuántos terminaron deportados por culpa suya. La Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles, que representó a los afectados ante una corte local, señaló que madre e hija “fueron acusadas de supuestamente cobrar a los clientes miles y miles de dólares por servicios, mientras ofrecían información falsa y asesoría legal no calificada”.

La demanda penal contra Judith Gil incluye 17 cargos, que van desde violaciones a leyes de asesoría migratoria y fraude, hasta la práctica ilegal de la abogacía. Tras no contender contra estos cargos, un juez la sentenció a sesenta días en una prisión del condado, aunque le dio la opción de cumplir esa condena en su casa o bien efectuando trabajo comunitario durante cuarenta y seis días. Después va a deber cumplir 36 meses de libertad condicional.

También se le ordenó restituir un total de 13,355 dólares a 3 de sus víctimas. Finalmente, se le señaló que no debe brindar asesoría legal o bien fomentarse como letrada sin tener una licencia y que solo con la autorización de las autoridades federales puede trabajar como consultora de inmigración.

En tanto, a su hija, quien fue acusada de un cargo de actuar indebidamente como asesora de leyes de inmigración y ser parte de la farsa de su madre, le impusieron una condena de 30 días en una prisión del condado, que puede purgar solo con 20 días de trabajo comunitario. Asimismo deberá pagar 3,855 dólares a una víctima y cumplir treinta y seis meses de libertad condicional.

“Nuestras comunidades de inmigrantes son más susceptibles que jamás a ser explotadas por aquellos que se aprovechan de su temor y vulnerabilidad”, dijo Mike Feuer, fiscal de la ciudad de Los Ángeles, al anunciar el pasado jueves las convicciones contra estas mujeres.

Los estudiosos consiguieron una orden a principios de febrero para registrar las seis oficinas de las Gil en el sur de California. En unas trescientos cajas empacaron miles de documentos que usaron como patentiza en el juicio y que ahora buscan devolver a las víctimas. “Esos clientes fueron a Judith Gil creyendo que era una abogada”, afirmó Abraham Baghen, funcionario de la Asociación de Abogados californiana.

Una de las supuestas víctimas de las Gil es Julie Blanco, una joven colombiana que aduce haberles pagado alrededor de cuatro con cero dólares americanos aguardando que le ayudaran a regularizar su estatus migratorio. “Simplemente confié en ellos”, lamentó .

Por su parte, el venezolano Jennsi Villavicencio dice que su futuro es incierto porque desconoce de qué forma procesaron su proceso de asilo. Merced a su permiso de trabajo, que vence en 2020, él mantiene a sus familiares en Venezuela, un país que enfrenta una severa crisis política y económica.

“Me preocupa día tras día abogados de inmigracion . No sé qué pueda pasar de aquí en adelante. Todo es incierto”, afirmó.

Estos son ciertos consejos que ofrece la dependencia para no caer en las garras de los defraudadores:

• No contrate a un ‘notario’ o bien asesor de inmigración si busca ayuda sobre su situación migratoria. Ellos no son abogados ni expertos en inmigración. En verdad, la ley no exige que sepan nada sobre derecho migratorio pues solo tienen permitido ayudarle con tareas no legales, como traducir información.

• No pague a un abogado de inmigración sin ya antes confirmar que la persona está autorizada para ejercer la profesión. Para esto consulte la página de internet de la Asociación de Abogados de cada estado. Asimismo se puede buscar en la base de datos de la

• No pague por formularios de inmigración. Puede pedir estos documentos sin costo alguno llamando al Servicio de Ciudadanía y también Inmigración (USCIS) al teléfono (ochocientos) ochocientos setenta-3676 o bien visitando

• Obtenga información sobre inmigración de páginas legítimas del gobierno (su link termina con gov).

• No entregue dinero por servicios de inmigración hasta haber pedido y leído una imitación de su contrato. Si no habla inglés, usted tiene derecho a repasar una copia traducida al español, que debe apuntar los servicios que se prestarán y el costo. Toda vez que le pague a un abogado o bien asesor solicite un recibo.

En fotos: De este modo es el centro de detención para inmigrantes más grande de California