Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones "ilegales" De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ prosiguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas denuncia que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están efectuando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación denuncia que aquellos conjuntos de personas que llegan a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse o bien de pedir asilo, y pese a ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allá, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y conformidad de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, aparte de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios, en la que los conjuntos afines a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, intentan supervisar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha logrado liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las atrocidades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para alistarlos por la fuerza o para convertir a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la senda en cayuco. abogados extranjeria carabanchel

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o de forma indirecta, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o bien sufrir daños inhumanos o degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el riesgo de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se usa es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en realizar la expulsión. En esos diez días terminan en uno de los 3 Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias pero raras veces cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al mismo tiempo, el CIE de Lanzarote está prácticamente completo con lo cual estos inmigrantes terminan en Tenerife. “La comunicación con el letrado es insuficiente con lo que la mengua de sus derechos es evidente”.

Apunta que “tampoco funciona el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un convenio de cooperación entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o alguna organización sin ánimo de lucro presente una petición de asilo para así frenar dicha salida “pero en la práctica no acostumbran a cuajar, por el hecho de que pasa por una ventanilla del propio CIE y, habitualmente, esta petición no prospera”.

Sentencia del TEDH no es excusa

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, pues en un caso así no existe posibilidad de acceder por una ruta legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas solicita que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  obliga el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se protesta de su falta de concreción “todavía aguardamos una política de inmigración seria. Desgraciadamente vemos lo de siempre. Es el caso de las vallas que se van a poner más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este experto en extranjería es esencial tender a una disminución esencial en el número de expedientes de expulsión que se tramitan, como a una “racionalización, puesto que se tenderá a emplear las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un auténtico perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una persecución abierta e indiscriminada de un campo social”.

Servicio de orientación jurídica

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente indispensable, dado que la estructura de los diferentes Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”.

“Nos consta por alguna ONG que habitualmente se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y esta ha sido ignorada de manera grosera por la policía, lo que forma una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no podrá jamás expulsarse a absolutamente nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más antídoto tendremos que acudir a los tribunales”.

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al letrado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se logrará nada”, concluye.