Abogados De Extranjería Denuncian Expulsiones "ilegales" De Inmigrantes Desde Canarias A Mauritania

Las ‘devoluciones en caliente‘ siguen siendo un hecho. La Asociación de Abogados Extranjeristas demanda que tienen noticias que desde Canarias las autoridades españolas están efectuando estas prácticas con atropello de derechos y falta de garantías a estos inmigrantes.

Esta asociación denuncia que aquellos conjuntos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, sin darles la menor ocasión de expresarse, defenderse o de solicitar asilo, y pese a ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente.

Una vez allí, las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y conformidad de las españolas, los trasladan a Mali.

Mali es, además de uno de los países más pobres del planeta, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios, en la que los grupos similares a ‘Al Qaeda’, como ‘Boko Haram’, procuran supervisar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la ‘sharia’.

Cuando se ha conseguido liberar alguna zona controlada por ‘Boko Haram’ las crueldades que se cuentan no tienen fin y los objetivos preferidos de secuestro para enrolarlos por la fuerza o para transformar a las mujeres en esclavas sexuales son jóvenes como los que se atreven a hacer la senda en cayuco.

Francisco Solans, vicepresidente de la Asociación de Extranjeristas, recuerda a Confilegal que la Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o de manera indirecta, expulsar a absolutamente nadie a un territorio donde su vida pueda padecer daño o bien padecer daños inhumanos o bien degradantes.

Desde esta asociación se insiste en que “el peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, insolente y repugnante”.

Para Solans “el procedimiento que se usa es muy expeditivo. Conforme llegan las pateras de inmigrantes se tarde unos diez días en efectuar la expulsión. En esos diez días acaban en uno de los 3 Centros Internamientos de Extranjeros (CIE) que hay en Canarias mas pocas veces cuentan con asesoramiento jurídico serio”.

En la actualidad, el CIE de las Palmas está cerrado por reformas. Al tiempo, el CIE de Lanzarote está prácticamente completo con lo cual estos inmigrantes terminan en Tenerife. “La comunicación con el letrado es insuficiente con lo cual la mengua de sus derechos es evidente”.

Apunta que “tampoco marcha el Servicio de Orientación Jurídica existente al no haber un acuerdo de colaboración entre el propio Ministerio del Interior y el CIE como sucede en otros casos”.

La única solución para salir de esta expulsión es que estos inmigrantes o bien alguna O.N.G. presente una solicitud de asilo para de este modo frenar dicha salida “pero en la práctica no acostumbran a cuajar, porque pasa por una ventanilla del propio CIE y, habitualmente, esta solicitud no prospera”.

Sentencia del TEDH no es excusa

A su juicio, las ‘devoluciones en caliente’ no cumplen las  condiciones que la propia sentencia del TEDH establece, puesto que en este caso no existe posibilidad de acceder por una ruta legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el Gobierno se escude en ello para justificar esta actuación.

La Asociación de Extranjeristas solicita que el Ministro del Interior ponga fin “inmediatamente” a estas prácticas y que implante, como  fuerza el reglamento de CIEs un servicio de orientación jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos.

Sobre la administración de inmigración de Grande-Marlaska, este colectivo de juristas se queja de su falta de concreción “todavía esperamos una política de inmigración seria. Por desgracia estamos viendo lo habitual. Es el caso de las vallas que se pondrán más altas en Ceuta y Melilla”, apunta.

A juicio de este experto en extranjería es importante tender a una minoración importante en el número de expedientes de expulsión que se tramitan, así como a una “racionalización, pues se tenderá a usar las posibilidades de la ley solo sobre aquellos que presenten un verdadero perfil de conflictividad social, no gastando los recursos públicos en una prosecución abierta y también indiscriminada de un campo social”.

Servicio de orientación jurídica

Para esta asociación el servicio de orientación jurídica es “absolutamente indispensable, dado que la estructura de los distintos Institutos de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes”.

“Nos consta por alguna O.N.G. que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de pedir asilo y ésta ha sido ignorada de forma grosera por la policía, lo que constituye una denegación de derechos muy grave. En todo caso, no podrá jamás expulsarse a absolutamente nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto”. En este contexto aseguran que “si no nos queda más remedio deberemos acudir a los tribunales”.

En este sentido, explican que los recursos por vía judicial son complejos “cuando el inmigrante es expulsado se le pide un ‘apud acta’, esto es un apoderamiento del inmigrante al letrado en persona. Si ya lo han expulsado es complicado tenerlo”.  Al final se trata de buscar un caso estratégico y llevarlo hasta el final desde la vía contenciosa.

“En plan masivo no se conseguirá nada”, concluye.